Una de las novedades que introduce la Ley 39/2018, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, es la regulacioón de la potestad reglamentaria introduciendo los principios de buena regulazión y la adaptación a éstos de la normativa vigente, la evaluación normativa, la planificación normativa y la participatión de los ciudadano.
La Administración deberá revisar periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación.
También deberá evaluar cómo se han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Esta evaluación se plasmará en un informe que se hará público en la forma que se regule por parte de la Administración concreta.